El próximo 30 de agosto se cumplen 155 años del día en que se inauguró la primera línea de ferrocarril en el país. A lo largo de un siglo y medio la Argentina logró contar con la red ferroviaria más importante de Latinoamérica. En los últimos 20 años, alcanzó otra meta imposible de imaginar hasta entonces: la destrucción del patrimonio nacional en materia de infraestructura y transporte por tren. Las administraciones del menemismo y el kirchnerismo, a contrapelo de la doctrina predicada por los fundadores del movimiento justicialista al que pertenecen, implementaron políticas ferroviarias que nada tienen de nacional
y popular.
En los ´90 se inauguró el cierre sistemático de ramales y la privatización a ultranza. A partir de 2003, un sistema de subsidios perversamente construido para favorecer la corrupción y la captación de fondos de los que se han beneficiado funcionarios y empresarios venales. En estos tiempos, los trenes no solo transportan menos carga en favor del sistema automotor sino que también trasladan pasajeros en pésimas condiciones de seguridad y calidad, con variables económicas ruinosas. Hoy todo está armado para el lucro salvaje de un grupo de empresas, al amparo de políticos corrompidos, y el mantenimiento de un esquema ineficiente y retrógrado. El gobierno no sólo engaña con sus promesas incumplidas y la reiteración del lanzamiento de planes que se adornan una y otra vez, pero son siempre los mismos. También, y lamentablemente, el usuario corre serios riesgos cuando se sube a un tren. La repetición sistemática de accidentes y descarrilamientos, con la pérdida de vidas humanas y daños considerables, no es fruto de la casualidad o del destino. Es el resultado de la desidia, la inoperancia y el desprecio por la vida.
Con los trenes, el gobierno engaña, roba, mata.
Sin embargo, no alcanza con denunciar este estado caótico del transporte ferroviario. Es imprescindible asumir, con coraje y decisión, el tiempo de gobernar y cambiar sustancialmente el sistema. Mandando a la justicia a los corruptos para que paguen con cárcel sus delitos y con su patrimonio lo que se robaron. Implementando un Plan de Emergencia en el corto plazo para mejorar la seguridad y la calidad. Decidiendo un Programa de Inversión Pública en infraestructura y material rodante que permita, a mediano y largo plazo, las obras que se necesitan, logrando un modelo de gestión de servicios dinámico, amplio e imaginativo, un cuadro de financiamiento realista y un cambio institucional a través de un Estado competente, con entes independientes y con capacidad técnica. Y con una ética en la conducción del proceso, imbuida de honestidad y práctica republicana. Sin funcionarios decentes, no hay política que sirva.
No hay nada para festejar en el Día de los Ferrocarriles. En todo caso hay mucho para lamentar. Y, fundamentalmente, es un momento para reflexionar y reclamar por memoria y justicia. Con los trenes no habrá impunidad ni olvido. Ante las tragedias y sus responsables, solo caben condenas y sanciones. Frente a la ineficiencia, no hay espacio para la duda y el temor. Se requiere otra política para el transporte ferroviario. Estamos dispuestos a asumir el desafío.-
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