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| El referente del GEN y el abogado oficialista debatieron este lunes en un programa televisivo. |
Anoche se produjo un debate en el programa de televisión Fuera de Juego, que se transmite por canal Somos Gualeguaychú, donde se abordó la reforma judicial. Cruzaron opiniones los abogados Guillermo Martínez, del Frente para la Victoria, una persona muy cercana al senador nacional Pedro Guastavino, y Osvaldo Fernández, referente de Generación para un Encuentro Nacional (GEN) a nivel provincial.
“A pesar de que en la última marcha (por la protesta del 18A) una de las consignas de la protesta estuvo vinculada con la reforma de la justicia. De alguna manera, la reforma judicial se ha abordado de manera técnica. Y el oficialismo y la oposición no terminan de explicarlo del todo y se lo ve como un tema estrictamente profesional. Creo que la gente no advierte que eventualmente son cuestiones que en alguna medida le modifican la vida cotidiana”, comenzó su exposición Martínez.
Por su parte, Fernández retrucó: “Pienso todo lo contrario. Confieso que me he asombrado cómo se ha instalado en la gente. Coincido con Guillermo que este tema está circunscripto al análisis de los técnicos. Me parece que la gente ha comprendido que avanzar sobre la Justicia es un avasallamiento. Ahora si vamos a desmenuzar este tema desde lo técnico, muchas personas no tendrán elementos para hacer un análisis de estas características. Pero en el resumen de lo que la gente puede apreciar cómo este tema ha calado y genera preocupación. Y esa preocupación se puede sintetizar que no se está de acuerdo en cómo se está avanzando contra un Poder que está cuestionado como la Justicia y que demanda una reforma, pero no este tipo de reformas. Si no unas reformas que hagan o contribuyan con el servicio de Justicia que la gente reclama y por lo que la gente se queja. Ninguna de las propuestas que están hoy en estudio en el Congreso de la Nación tienen que ver con brindar un mejor servicio de Justicia, con abrir el acceso de la Justicia a la mayoría y en consecuencia no se está discutiendo soluciones para los problemas que genera la Justicia”.
En el programa se leyó un párrafo del documento de la UCR que sostiene: “Más allá de cuestiones tecnicistas estamos ante un golpe institucional que no pretende otra cosa que terminar con la existencia de algún juez con criterio independiente (…) Los radicales consideramos que la reforma del Consejo de la Magistratura es anticonstitucional porque afecta la forma republicana de gobierno”.
Quien respondió fue Martínez: “Me parece que hay que desdramatizar la cuestión. Todo tipo de estas manifestaciones están plagadas de títulos vehementes, grandilocuentes y que van desde la cuestión de la supuesta dictadura hasta la suma del poder público, pasando por un largo etcétera. En realidad se trata de una reforma que se podrá estar o no de acuerdo, pero de ninguna manera se trata de un avasallamiento. Creo que esto es propio de quienes no quieren debatir con hechos concretos de qué se trata esta reforma. Comparto parcialmente con un concepto que dijo Osvaldo Fernández, cuando sostiene que esta no es una reforma necesaria. Creo que esta no es una reforma suficiente. Uno entiende que el acceso a la Justicia pasa por cuestiones que van más allá de una reforma judicial. Si alguien no tiene dinero para tomarse un colectivo desde el barrio hasta Tribunales para iniciar un reclamo por alimento, obviamente esto hace a la privación del acceso a la Justicia y no tiene nada que ver con lo que es la organización del Poder Judicial. Si lo miramos desde este punto de vista, obviamente, esta reforma no es suficiente y por eso creo que también es necesario avanzar en otro tipo de reformas que permitan agilizar el acceso a la Justicia para todos los ciudadanos. Me parece que se abordan dos cuestiones absolutamente diferentes: una tiene que ver con el acceso a la Justicia por parte de la gente y la otra tiene que ver con la organización interna del Poder Judicial y tratar de evitar la histórica subordinación de la Justicia a las corporaciones y a poderes fácticos. Y esto es compartido por muchísimos sectores en el país y no solamente por el oficialismo”.
A Osvaldo Fernández se le preguntó qué le preocupa más: si la reforma del Consejo de la Magistratura, la creación de las tres Cámaras de Casación, restricciones a las medidas cautelares.
“Todo me preocupa. Porque todo esto forma un paquete que no hay que verlo separados, sino como un conjunto. No se puede discutir ninguna de las iniciativas de manera separada. Creo que hay intención de subordinar a los jueces, que hay una intención de avasallamiento. Incluso cuando uno empieza a observar el texto de los proyectos, algunos que han sido reformados han quedado redactados de manera espantosa (en referencia a las medidas cautelares reformas a partir de las objeciones que realizó el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbinsky). Una medida cautelar, que es una herramienta vinculada de manera directa a una acción de amparo. Y el amparo es un instrumento de los ciudadanos. Y en esta reforma han incluido excepciones tan amplias que ni siquiera se entiende para qué se va a reformar. En primer lugar tenemos la Convención Interamericana de Derechos Humanos que ya estable las medidas para garantizar el acceso a una medida de amparo o cautelar. Ya tenemos un problema: porque el texto que se ha votado no respeta esa Convención. Y como no tiene gran sentido esta reforma, podemos pensar que hay otras intenciones y que van de la mano en la idea de intentar subordinar a los jueces. Para ser bien claros: cuando hablamos de este tema nos estamos refiriendo a la Justicia nacional. ¿Dónde impacta la Justicia nacional en Entre Ríos? En los tribunales y en las cámaras federales. Pondré un ejemplo del acceso a esta Justicia. Días atrás hubo un juicio en el Tribunal Oral de Paraná, donde los imputados eran de Gualeguaychú, los testigos eran de Gualeguaychú, la defensa era de Gualeguaychú. Sin embargo, hubo que trasladarse 600 kilómetros (para ir y venir) hasta Paraná. Cuando en realidad debieron venir los jueces a Gualeguaychú y constituirse en Tribunal y desarrollar el proceso. Nada de esto se está debatiendo. Otro ejemplo: el acceso a la información. Ya existe este concepto. La Corte Suprema tiene una página de internet donde publican todos los días sus fallos, el Ministerio de Justicia tiene un sistema judicial gratuito para todos los argentinos. En rigor deberíamos discutir el acceso a la información pública del Poder Ejecutivo, que es donde se impide o no se brindan informaciones. El tema de las cautelares ya lo explicamos. El tema de la Casación también es una traba, que impedirá el juicio de los jubilados que le demorarán aún más sus derechos, especulando –y esto es terrible- con que el paso del tiempo y que la vida concluye se caigan estos juicios. En definitiva el Consejo de la Magistratura es anticonstitucional se lo mire por donde se lo mire porque se va a ‘partidizar’. Cómo se puede concebir que un juez deba ir a elecciones en una boleta de un partido político para integrar el Consejo. La Constitución es muy clara cuando separa los representantes del legislativo con la representación popular, de los jueces, magistrados o los académicos. De modo que uno observa que aquí hay un intento político de domesticar (no agilizar) al Poder Judicial. Primero ya no habrá una mayoría especial para la remoción a un juez, sino que se lo podrá hacer con mayoría simple. No se habla de la oralidad en los juicios que eso sí le servirá a la gente, que se vaya a juicios por jurados que le servirá a los ciudadanos o de la cercanía de la Justicia (por el ejemplo que acabo de describir con el viaje a Paraná) o modernizar el procedimiento para que sea mucho más ágil para que la respuesta de la Justicia llegue en tiempo y forma y que es una demanda de la sociedad. La gente sostiene que la Justicia es lenta y se sabe que la Justicia lenta no es justicia. La Justicia tiene que ser más ágil, más eficiente. Pero de eso no se está hablando en estos proyectos, en esta reforma. Por eso hay un intento político para subordinar, para domesticar y amedrentar a los jueces”, respondió.
“Es muy largo contestarle a Osvaldo”, replicó Martínez y explicó: “Cómo él mismo señala, de alguna manera debemos caer en cuestiones que son muy técnicas. Prácticamente todo lo que dice Osvaldo es falso. Tenemos que ser honestos intelectualmente. Cuando plantean la oportunidad de la reforma, que deriva -entre otras cuestiones- que durante cuatro años a través de una medida cautelar se ha impedido la aplicación de la ley de medios. Creo que esta experiencia se ha tenido en cuenta para llevar adelante estos proyectos de reforma. La pregunta es: ¿está bien o está mal? Porque lo que se le reclama al gobierno nacional es que avanza y no discute. Si hay una ley democrática en el país desde los últimos años, que fue debatida durante meses y en los 24 distritos, esa es la ley de medios. Esa ley es de interés para la comunidad nacional. Pero una corporación mediática, con un gran poder económico, se da el lujo con una medida cautelar de trabar durante cuatro años una ley de la democracia y que es necesaria para consolidar la democratización de la información. Y la reforma que se quiere practicar es para evitar que estas corporaciones tengan esa clase de poder y están exceptuados los trabajadores, los jubilados, los ciudadanos comunes. Las restricciones con para las corporaciones que ejercen un poder de facto o de hecho que van por encima de la ciudadanía y de los poderes del Estado. Que Fernández responda si es racional si una ley, que fue consensuada por una amplísima mayoría, que es una de las leyes que más consensos sociales ha logrado, puede ser frenada en su aplicación por una corporación durante cuatro años. ¿Esto no hay que modificarlo?”.
Por su parte, Fernández decidió continuar el debate y advirtió que respondería a su contraparte: “Le voy a contestar. De ninguna manera puedo decir que un circunstancial adversario en una idea pueda sostener que lo que se está diciendo es todo falso. De ninguna manera. Es más se le acaba de escapar una verdad, porque admite que están modificando todo un sistema por el tema Clarín. La Corte fijó en este caso específico que las cautelares tienen límites e inclusive le puso fecha”.
--Martínez: “Le puso límite a una causa puntual. No es para todas. Cuando se aplique otra medida, se correrá el riesgo de pasar otros cuatro años antes de aplicarla. Porque no hay marco general”.
--Fernández: “Pero la Corte inscribe un antecedente y todos los jueces lo van a tomar. Pasó con el caso Arriola. Pasó con la tenencia personal de estupefacientes, que si bien no hay ley, la Corte ya fijó su postura y todos los tribunales siguen ese antecedente y lo adoptan”.
--Martínez: “¿Pero para vos es racional que se haya mantenido una cautelar durante cuatro años?”.
--Fernández: “Son los derechos que cada uno va ejerciendo. La parte, desde el punto de vista de lo que la afecta, hace su planteo. La Justicia tiene que resolverlo. Y ese es el juego de la Justicia”.
--Martínez: “Claro, el juego de la Justicia. ¿No está de por medio el poder de una corporación que va más allá del interés de un particular? ¿Es decir, para vos una corporación mediática de estas características es lo mismo que un ciudadano? La posibilidad de obstruir la Justicia, de dilatar la decisión judicial, tener la posibilidad económica de apelar hasta donde se les ocurra está bien.
--Fernández: “Pero tiene derechos y hay un juicio de por medio. Hay un fallo de la Cámara y llegará a la Corte Suprema que finalmente resolverá el tema”.
--Martínez: “Bárbaro. Cuatro años para aplicar una ley”.
--Fernández: “Una Cámara dijo que parcialmente esa ley es anticonstitucional. Y cada uno ejerce sus derechos y tener la tranquilidad que habrá una Cámara o el máximo Tribunal como es la Corte que va a actuar en forma independiente. Esto es la esencia de las cosas y no puede ser tergiversado ni alterado. Y los ciudadanos no necesitamos ni el riesgo ni el temor de que se haga de otra forma”.
--Martínez: “Pero ese temor lo generan ustedes, cuando hablan de dictadura, de la suma del poder público… parece, según ustedes, que Cristina terminará dictando sentencia. Todo eso es absurdo”.
--Fernández: “¿Qué ha pasado con el tema (Amado) Boudou? Se llevó puesto al procurador de la Nación que tuvo que renunciar. Le sacaron la causa al juez y se la pasaron a otro”.
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