LA NACION | OPINIÓN | PODER JUDICIAL
Cinco razones en contra de la reforma judicial y cinco cuestiones que debería abordar
Margarita StolbizerPARA LA NACION
7 de
agosto de 2020 • 01:42
Hay razones para cuestionar el proyecto de reforma del Poder Judicial
presentado por el presidente Alberto Fernández y también elementos para aportar
al debate que acaba de comenzar en el Congreso de la Nación.
1. El
proyecto de reforma no ha sido el resultado de un grupo de
trabajo amplio, diverso, con participación de los sectores que son operativos
dentro del funcionamiento del sistema judicial (jueces, fiscales, defensores, empleados, abogados), ni se ha
elaborado un diagnóstico sobre cuáles son los problemas reales que existen en
la administración de justicia. La conformación de una Comisión especial
integrada por personas elegidas por el Presidente de la Nación no puede
reemplazar a las otras representaciones. La reforma debe ser
el resultado de un amplio consenso, para lo cual se requieren acuerdos incluso
previos para fijar metas y objetivos comunes.
2. Las
reformas necesarias deberían apuntar a mejorar las
condiciones de acceso al sistema de justicia para todas las personas, y la protección de todos sus derechos. Esa debe ser la prioridad.
Al contrario, el Presidente ha puesto su objetivo en el
fuero penal federal. Se trata del fuero de los poderosos, donde
tramitan las causas de narcotráfico y corrupción. Argentina tiene una larga
historia de impunidad vinculada con el poder político y económico. No se puede
pensar una reforma que solo atiende este fuero en desmedro de las muchas
transformaciones que deberían operarse en el ámbito de la justicia civil y
comercial o laboral.
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3. El
Presidente ha mencionado que se terminaría con "la intromisión del poder
político sobre el poder judicial". Sin embargo, no
debe haber situación más explícita de intromisión que es el Poder Ejecutivo
abordando -con ausencia de los magistrados, sus organismos representativos y
hasta el propio Consejo de la Magistratura- los cambios que habrá de imponer al
otro poder una vez aprobados por la mayoría con que
cuenta en el Congreso de la Nación.
4. Los
problemas estructurales de la Justicia -que existen- no se resuelven creando
juzgados y otras dependencias, ni nombrando o removiendo jueces. Al contrario,
los multiplica. Nada se ha explicado sobre cómo se financiará el
proyecto de reorganización y nuevas competencias de la justicia federal. Tampoco esa es una vía para revertir la baja confiabilidad social
ni va a fortalecer efectivamente el fuero penal al que se refiere el único
proyecto de ley presentado.
5. Sin diagnóstico ni objetivos, sin acuerdos ni una amplia participación
para una discusión seria sobre la reforma, se abre la duda justificada sobre el
camino de la impunidad. Porque desde la asunción del actual gobierno han
existido demasiadas señales en el sentido de la descalificación de los juicios
en los que se investigan hechos relacionados con la corrupción y las proclamas
de inocencia de personas que se encuentran imputadas y procesadas en triple
instancia por los delitos cometidos en el ejercicio de las funciones públicas.
Las cuestiones que debería abordar la reforma
1. El
debate sobre el funcionamiento de la administración de justicia debe servir
para mejorar el acceso y desempeño en procedimientos laborales,
civiles, comerciales, relacionados con familia, trabajo, producción. Porque implican un mejor servicio para mejorar la vida de las
personas y también para contribuir al desarrollo económico nacional.
2. Una
reforma es una buena oportunidad para incluir cuestiones sobre las que
actualmente no existe un fuero específico, como podría ser la
creación de tribunales ambientales y otros con la competencia específica de la
violencia de género; y las capacitaciones necesarias para temas
específicos, como la perspectiva de género.
3. Respecto de la Magistratura, incluir para el
debate la necesidad de dotar de mayor transparencia el accionar del Poder
Judicial, incluyéndolos de manera clara y efectiva en
el cumplimiento de las normas de ética pública, terminando con privilegios
insostenibles y aprobando sistemas de evaluación de gestión que no afectan el
principio de inamovilidad, pero seguro mejorarán los resultados de desempeño, y
las normas de gestión abierta, acceso a la información pública y rendición de
cuentas.
4. Es urgente resolver el atraso que
rige en muchas áreas, debiéndose avanzar hacia una justicia digital, con la incorporación de la tecnología y la innovación,
especialmente para asegurar accesibilidad, conectividad y mayor efectividad de
resultados, así como también la necesidad de mantener actualización de
estadísticas y una mayor articulación territorial, interfueros y de orden
institucional con otras áreas del estado.
5. En
materia de política criminal es
urgente impulsar una serie de medidas para luchar contra la corrupción y la
impunidad, tales como: a) debe aplicarse la
segunda instancia como sentencia firme y de cumplimiento efectivo sin necesidad
de requerir terceras o ulteriores instancias que hacen ilusoria la aplicación
de las condenas; b) funcionario público procesado en doble
instancia, por delitos vinculados con la corrupción, no podrá ser candidato a
funciones públicas; c) el condenado por delitos en contra de la administración
pública quedará automáticamente inhabilitado para volver a ejercer funciones;
d) en material recursiva y para procesos por corrupción, deben acotarse las
instancias que dilatan los procedimientos y que tienen por finalidad conseguir
una prescripción liberatoria. Y en todos los casos, los recursos no deben
suspender la ejecución de la sentencia.
Es necesario contextualizar la discusión de la Reforma Judicial
superando la polarización política para encontrar acuerdos y fortalecer las
instituciones. El debate no puede soslayar la perspectiva de los derechos
humanos en la lucha contra la corrupción y el papel de la sociedad como
víctima, hacia quienes deben estar enfocadas todas las propuestas de cambio.
Porque la única finalidad debe ser construir las condiciones para el mejor y
más igualitario desarrollo de las personas y los pueblos.
Exdiputada nacional Partido GEN
Por: Margarita Stolbizer
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