El negocio de la garrafa social es un claro ejemplo de cómo lucrar con los pobres
La diputada nacional del GEN, Virginia Linares, presentó un proyecto en la Cámara baja solicitando información sobre distintos aspectos referidos a la implementación y funcionamiento de la garrafa subsidiada, denominada garrafa social.
“Motiva el presente proyecto la enorme cantidad de reclamos formulados por usuarios de todo el país debido a los elevados precios de venta y envío de la denominada garrafa social, a lo que se suma la dificultad de acceder a la misma debido a que los puntos de ventas son muy escasos y muchos de éstos se encuentran alejados de los barrios que no cuentan con tendido de red de gas natural”, sostuvo la legisladora que pertenece al partido de Margarita Stolbizer.
Para graficar este punto Linares afirmó que “los 600 puestos de venta en el país, tienen una salida menor a las 100.000 unidades por mes, siendo que hay 5 millones de usuarios de garrafas y la mayoría son de escasos recursos. Por tomar algunos ejemplos, en la ciudad de La Plata existen tan sólo tres puestos de expendio, en la ciudad de Bahía Blanca sólo cuatro, mientras que en toda la Provincia de Misiones se encuentran habilitados tan sólo 25”.
“A esto debemos agregar la constatación del aumento descontrolado del precio del gas envasado, en abierto incumplimiento de las diferentes normas que regulan el precio de venta. Las asociaciones de usuarios y consumidores le pusieron números al problema: autorizada a venderse a 16 pesos, la garrafa de 10 kg. se vende a un precio muy superior, siendo el promedio 25 pesos, y llegando incluso a venderse a 37”, denunció Linares.
Y agregó: “Tomando el promedio de 25 pesos al que hacíamos referencia constatamos que, desde el mes de diciembre de 2001 a diciembre de 2009, el precio de las garrafas de 10 kg. se vio incrementado en un 250 por ciento -10 pesos diciembre 2001/ 25 pesos diciembre 2009-. Esto significa que los usuarios que se ven obligados a consumir garrafas, aquellos que habitan generalmente en las zonas de menores posibilidades económicas, ubicados en regiones rurales, zonas urbanas marginales y todas aquellas áreas y/o provincias que no tienen acceso alguno a la red de gas natural, pagan 10 veces más por el mismo poder calórico que los consumidores de gas natural”.
“El negocio de la garrafa queda evidenciado de esta manera como otro ejemplo de cómo lucrar con los pobres. Pero debemos ser claros: la mayor responsabilidad corresponde al Estado Nacional, el cual, teniendo las herramientas para evitar esta situación, no hace nada al respecto”, manifestó la legisladora oriunda de la ciudad de Bahía Blanca.
Respecto a las características del mercado del gas licuado Linares señalo que “no existe una real competencia entre las empresas que participan del mismo. Solo una de ellas -Repsol YPF- posee, en lo que constituye una clara posición dominante, el 55,3 por ciento de la producción total del país, el 64,2% de la capacidad de transporte, y el 78,2 por ciento de la capacidad de almacenamiento”.
“Estos datos evidencian claramente la continuidad del proceso de concentración iniciado en los '90. Quizá una forma de empezar a redistribuir en serio la riqueza -si es que esa es la real intención del gobierno nacional-, sea romper con esta lógica cuasi-monopólica de formación abusiva de precios que se ensaña con los que menos tienen”, finalizó la legisladora del GEN.
Dpto. Prensa GEN Entre Ríos
La diputada nacional del GEN, Virginia Linares, presentó un proyecto en la Cámara baja solicitando información sobre distintos aspectos referidos a la implementación y funcionamiento de la garrafa subsidiada, denominada garrafa social.
“Motiva el presente proyecto la enorme cantidad de reclamos formulados por usuarios de todo el país debido a los elevados precios de venta y envío de la denominada garrafa social, a lo que se suma la dificultad de acceder a la misma debido a que los puntos de ventas son muy escasos y muchos de éstos se encuentran alejados de los barrios que no cuentan con tendido de red de gas natural”, sostuvo la legisladora que pertenece al partido de Margarita Stolbizer.
Para graficar este punto Linares afirmó que “los 600 puestos de venta en el país, tienen una salida menor a las 100.000 unidades por mes, siendo que hay 5 millones de usuarios de garrafas y la mayoría son de escasos recursos. Por tomar algunos ejemplos, en la ciudad de La Plata existen tan sólo tres puestos de expendio, en la ciudad de Bahía Blanca sólo cuatro, mientras que en toda la Provincia de Misiones se encuentran habilitados tan sólo 25”.
“A esto debemos agregar la constatación del aumento descontrolado del precio del gas envasado, en abierto incumplimiento de las diferentes normas que regulan el precio de venta. Las asociaciones de usuarios y consumidores le pusieron números al problema: autorizada a venderse a 16 pesos, la garrafa de 10 kg. se vende a un precio muy superior, siendo el promedio 25 pesos, y llegando incluso a venderse a 37”, denunció Linares.
Y agregó: “Tomando el promedio de 25 pesos al que hacíamos referencia constatamos que, desde el mes de diciembre de 2001 a diciembre de 2009, el precio de las garrafas de 10 kg. se vio incrementado en un 250 por ciento -10 pesos diciembre 2001/ 25 pesos diciembre 2009-. Esto significa que los usuarios que se ven obligados a consumir garrafas, aquellos que habitan generalmente en las zonas de menores posibilidades económicas, ubicados en regiones rurales, zonas urbanas marginales y todas aquellas áreas y/o provincias que no tienen acceso alguno a la red de gas natural, pagan 10 veces más por el mismo poder calórico que los consumidores de gas natural”.
“El negocio de la garrafa queda evidenciado de esta manera como otro ejemplo de cómo lucrar con los pobres. Pero debemos ser claros: la mayor responsabilidad corresponde al Estado Nacional, el cual, teniendo las herramientas para evitar esta situación, no hace nada al respecto”, manifestó la legisladora oriunda de la ciudad de Bahía Blanca.
Respecto a las características del mercado del gas licuado Linares señalo que “no existe una real competencia entre las empresas que participan del mismo. Solo una de ellas -Repsol YPF- posee, en lo que constituye una clara posición dominante, el 55,3 por ciento de la producción total del país, el 64,2% de la capacidad de transporte, y el 78,2 por ciento de la capacidad de almacenamiento”.
“Estos datos evidencian claramente la continuidad del proceso de concentración iniciado en los '90. Quizá una forma de empezar a redistribuir en serio la riqueza -si es que esa es la real intención del gobierno nacional-, sea romper con esta lógica cuasi-monopólica de formación abusiva de precios que se ensaña con los que menos tienen”, finalizó la legisladora del GEN.
Dpto. Prensa GEN Entre Ríos
